martes, julio 29, 2008

Jovenes verdes piden la renta basica

Estimados lectores, gracias por la participación y el acalorado debate sobre la financiación autonómica.

Desde estas paginas nos hacemos eco de la Reivindcación de los jóvenes verdes por la renta básica y el rechazo a las 65H aprobadas en Bruselas.

Aprovechamos la ocasión para desearos a todos unas felices vacaciones de verano.

Un saludo

José Miguel

Articulo :

Jóvenes Verdes rechaza las 65h y reivindica la renta básica y la disminución del tiempo de trabajo

http://www.jovenesverdes.org/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=1


Jóvenes Verdes quiere mostrar su rechazo a la reciente propuesta de ampliación de la jornada laboral realizada por el Consejo de Ministros de la Unión europea, con el apoyo positivo de la gran parte de los miembros europeos y con la colaboración de aquellos países europeos que se han abstenido como España. Esta propuesta, presentada por la presidencia eslovena, permitirá a cada Estado miembro modificar su legislación para elevar la semana laboral vigente de 48 horas hasta 60 horas en casos generales y a 65 para ciertos colectivos como los médicos.

Jóvenes Verdes mostramos nuestro rechazo porque consideramos la jornada laboral actual de 40 horas un derecho adquirido, que sólo aspiramos a rebajar. Es cierto que elevar el tope no significa que a corto plazo vaya a verse aumentada la jornada laboral...pero...¿y en el futuro? ¿quién nos demuestra que dentro de unos años las empresas no presionarán a nuestros gobiernos para que aumenten la jornada laboral, so coacción de abandonar el país para ir en busca de países donde poder explotar a los y las trabajadoras, precarios, jóvenes, marginales, sin tener que verse sometidas a legislaciones tan estrictas? Mostramos nuestro rechazo a la pérdida de los derechos laborales conseguidos en años de intensa lucha social, estudiantil, cultural y sindical que no podemos, ni queremos, echar por la borda.

¿De qué sirvieron todas esas manifestaciones, desobediencia civil, huelgas, etc. si años después volvemos a una situación idéntica o peor a la anterior? ¿De qué sirvió los lemas subversivos de la generación del mayo de 1968 que gritaban "No trabajéis jamás" o "Vivir sin tiempo muerto, gozar sin trabas"? Mostramos nuestro rechazo a la sumisión de los gobiernos europeos a la lógica del "trabajar más para ganar más". Porque... ¿qué bienestar cabe con una jornada laboral de 65 horas diarias y cuando esto implicaría casi 11 horas de trabajo al día suponiendo que aún nos permitiesen descansar un día a la semana?

Mostramos, igualmente, nuestra indignación ante la política llevada a cabo por el gobierno español cuya abstención asimilamos a un lavado de cara frente a la opinión pública.Ante esta situación de retroceso social, desde Jóvenes Verdes apostamos por una nueva política social y redistributiva donde prime el derecho a la renta sobre el derecho al trabajo a través de la instauración de una renta básica universal, incondicional, que cubra las necesidades básicas y desconectada del empleo. De igual manera luchamos por la disminución progresiva de la jornada
laboral hasta 35h semanales en un primer momento y luego 32h semanales. Queremos que se reconozca también una verdadero derecho al descanso y al tiempo libre. Asimismo deseamos una profunda reflexión sobre las nociones de trabajo y riqueza. La riqueza social y ecológica se produce en su mayoría a través del trabajo no remunerado y considerado hoy como no productivo como el voluntariado, el trabajo doméstico, las realizaciones de actividades culturales, artísticas, deportivas, lúdicas, familiares y el simple disfrute del tiempo libre. En este marco, llamamos al Parlamento europeo a rechazar la propuesta del Consejo de Ministros. Por otro lado, llamamos a los movimientos sociales a unirse en esta lucha y a sustituir el objetivo del pleno empleo por la reivindicación de una renta básica de ciudadanos para todas y todos.


lunes, julio 21, 2008

Financiación Autonómica y Renta Básica

Asistimos perplejos a la puesta en escena de la publicación de las denominadas Balanzas fiscales, y como no puede ser de otra manera aquellas autonomías con una mayor Renta Per- cápita, son las que más aportan a las Arcas del Estado. Esto es incuestionable, como también es incuestionable que en esas comunidades Autónomas hay más trabajo, hay más industria y en muchos casos los costes de los servicios públicos son menores al disponer proporcionalmente de una mayor densidad de población.

Además en muchos casos se encuentran las sedes de las grandes empresas y por lo tanto tienen más ingresos por Impuesto de sociedades y por IVA, ya que aunque este último es un impuesto que se paga en el lugar y momento en el que se realiza la transacción, las grandes empresas realizan muchas transacciones entre empresas, compran y repercuten el IVA desde sus correspondientes Centrales de Compras aunque la transacción tenga lugar en una comunidad limítrofe.

A esto hay que sumar que muchas personas trabajan y viven en los grandes núcleos de población porque es donde encuentran trabajo y cuando se jubilan si tienen posibilidad vuelven a sus lugares de origen. Esto hace que en aquellas comunidades con menor poder económico se cotice proporcionalmente menos a la seguridad social que el dinero que esta destina a pagar las pensiones.

Expuesto el resultado, los políticos hablaran de cifras, el ministro de Hacienda Sr. Solbes ya ha puesto el 50% del IRPF y el IVA de cada comunidad sobre la mesa.

Siendo honestos, si se pide una renta de ciudadanía para cada ciudadano y esta equivale al umbral de la pobreza que no es otra cosa que una media de todos los ingresos. También se debe de disponer de una renta de ciudadanía para cada comunidad y para cada Ayuntamiento. Esto es los Ayuntamientos y comunidades deben de disponer de los recursos suficientes para garantizar el catalogo de servicios que deben de proveer por ley. Y este debe de ser para todos igual, es decir atendiendo a los criterios de población y de dispersión, puesto que estos son los criterios que más reticencias plantean entre las diferentes comunidades autónomas. Fijados un catalogo de servicios y un baremos por servicio , en donde se contemplen los costes reales y financiado el coste de los servicios, cada comunidad y cada político, puede o bien gestionar mejor, ahorrar costes en los servicios para ofrecer mejoras y una mayor excelencia a los ciudadanos. O bien costear mediante tasas, servicios añadidos que aporten mayores beneficios a la ciudadanía.

A partir de este punto debe de entrar la solidaridad y en aquellos servicios indispensables, en donde aquellas comunidades por criterios justificables, por ejemplo aumento de población en los periodos vacacionales, por ciudadanos de otros comunidades. Servicios esenciales que por situaciones de distancia o orográficas resultan especialmente inasumibles, serán servicios en donde se deba hacer efectiva la solidaridad constitucional.


Jose Miguel



Con el fin de aclara lo que significa la balanza fiscal, hemos cogido el siguiente artículo de Manuel Sarachaga Garcia de Internet, que pueden ilustrar a nuestros lectores.

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1839_45_583744__Economia-falacia-balanzas-fiscales

Articulo : La falacia de las balanzas fiscales






MANUEL SARACHAGA GARCÍA La publicación, esta semana, de un estudio sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, realizado por la Fundación BBVA, ha reanimado el debate sobre los flujos económicos entre regiones. El economista asturiano Manuel Sarachaga analiza en esta página los principales problemas que presentan este tipo de estudios.
La reciente publicación del estudio de la Fundación BBVA sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas (CC AA) ha vuelto a poner de actualidad un tema de fondo e importante sobre el que, a mi juicio, ningún ciudadano consciente de la realidad puede permanece ajeno.

En primer lugar, quisiera comenzar afirmando que las denominadas balanzas fiscales son una «herramienta peligrosa» o «de difícil manejo», que según en manos de quién esté puede ser utilizada como «arma arrojadiza», manipulando falazmente las posibles conclusiones que de ellas se quieran obtener.

El punto de partida del análisis de las balanzas fiscales para cualquier ciudadano, y sobre todo y particularmente para sus autores y para los responsables políticos, debe ser la correcta interpretación de las mismas, que permitirá alcanzar unas correctas conclusiones. Y este punto de partida es que no son las CC AA o los «territorios», como ahora se les denomina, quienes tributan, sino las personas (físicas o jurídicas), es decir, los contribuyentes. En este sentido, las balanzas fiscales, incluso aceptando su validez en cierto sentido, no pueden ser de ninguna forma expresión del resultado de las relaciones fiscales entre las CC AA y el Estado, sino el resultado de la suma «territorializada» (con mayor o menor grado de error) de las relaciones fiscales entre las personas, distribuidas por todo el territorio nacional, y la Hacienda pública.

De ahí a extraer conclusiones o «déficit o superávit» de una comunidad autónoma respecto al Estado hay un trecho trufado de supuestos, errores e incorrectas interpretaciones.

Siguiendo este hilo argumental es incorrecto, en términos absolutos, afirmar que «Madrid y Cataluña contribuyen más que Extremadura, Asturias o Andalucía» o «Asturias recibe del Estado 2.100 euros por habitante». Quienes únicamente contribuyen son los ciudadanos que residen en cada comunidad autónoma, y quienes reciben los bienes, servicios o transferencias públicas son los ciudadanos, y por lo tanto los dirigentes políticos de las diferentes CC AA no deberían nunca aducir un supuesto déficit fiscal para exigir que se les devuelva «lo que es suyo» o para afirmar que «su comunidad autónoma está contribuyendo más a la solidaridad que otras CC AA». Esto es una absoluta falacia, ya que es cada persona quien contribuye a la misma o recibe el fruto de dicha solidaridad.

Los verdaderamente válidos estudios sobre balanzas fiscales deberían responder básicamente a una pregunta: ¿un ciudadano, con una renta determinada, paga los mismos impuestos, es decir, soporta la misma presión fiscal y recibe los mismos servicios públicos independientemente de dónde resida? Si la respuesta es afirmativa, los saldos que arrojen las balanzas fiscales no tienen otro significado que la constatación de que nuestro sistema fiscal está basado en los principios de equidad y solidaridad y, por tanto, nunca deberían ser utilizados como argumento para ninguna reclamación de una comunidad autónoma. Pero si la respuesta es negativa, entonces esto significa que el sistema falla en sus principios, y debe analizarse dónde, si por la vía de la presión fiscal (ingresos) o por la vía de los servicios públicos (gasto).

Este segundo paso en el análisis, que es el realmente crucial y el que puede poner de manifiesto la quiebra de la solidaridad y la igualdad, no se da con frecuencia, ya que no existe un verdadero interés en ello y además, porque la respuesta podría ser (lo es de hecho) frustrante, pues la continua cesión de tributos y capacidades normativas en materia fiscal a las CC AA está erosionando de facto la igualdad, y por otra parte, la inexistencia de una cartera básica de servicios públicos común a todas las CC AA impide al mismo tiempo hacer realidad la equidad y solidaridad proclamada por la Constitución.

Por supuesto, es lógico que haya diferencias en las llamadas balanzas fiscales, porque no todas las personas (físicas y jurídicas) obtienen la misma renta ni están repartidas territorialmente de forma homogénea. De igual forma que es lógico que el «saldo» de cada persona con la Hacienda pública (tributos menos servicios y transferencias recibidas) sea distinto.

Pero así como no parece lógico que una persona adinerada reclame a la Hacienda pública que le devuelva parte de sus impuestos porque aporta más de lo que recibe (¡lógicamente!), tampoco es lógico que la suma de las personas que viven en una comunidad autónoma rica, a través de la supuesta voz de sus representantes, reclame algo parecido. Es obvio que en aquellas CC AA donde la renta per cápita es mayor haya «déficit fiscal» (término falaz, repito), pues esa es la base precisamente de los principios de solidaridad y equidad que consagran, entre otros, los artículos 31, 40 y 139 de nuestra Constitución.

Por otra parte, es preciso poner en duda (sin desmerecer en absoluto la gran calidad de los diferentes estudios publicados en esta materia) el propio proceso de cálculo de dichas balanzas, fundamentalmente en lo relativo a las hipótesis de «territorialización», ya que hay determinados gastos e ingresos que no son «territorializables» y que el hecho de hacerlo supone la asunción de errores de partida. De esta forma, en función de las hipótesis de partida, el resultado final varía sustancialmente.

Comenzando por los ingresos (tributos), aquellos de naturaleza directa (IRPF, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones), se imputan habitualmente en estos estudios en base al domicilio fiscal del contribuyente. Por tanto, en el caso de una sociedad que tenga diferentes establecimientos repartidos por toda España, como se da en la mayoría de los casos de las grandes empresas (que son las que más ingresos fiscales generan), se imputará todo a la comunidad autónoma donde tenga su domicilio fiscal (muy habitualmente Madrid por su capitalidad y también Barcelona por su importancia comercial e industrial). En cambio, si estuviéramos hablando de países distintos (es decir, existieran verdaderas balanzas fiscales), eso no sería así, pues tendrían que tributar en cada país donde tuvieran un establecimiento permanente. Y lo mismo ocurre en parte con las personas físicas (habría ciertas retenciones e impuestos, como el impuesto de no residentes, que corresponderían al país donde se genera la renta y no donde reside la persona).

Por lo que se refiere a los tributos indirectos (fundamentalmente el IVA), el error es mayor todavía, porque el ingreso no se produce donde se recauda (domicilio de la sociedad o profesional que vende o presta el servicio), sino donde se consume (quien de verdad tributa es el que compra o consume).

Por la parte del gasto ocurren graves errores similares en el proceso de «territorialización»: ¿una mejora en Barajas o en El Prat es para los madrileños y catalanes o para toda España? ¿Las obras del Ave que atraviesa Castilla y León deben ser imputadas a ellos o también a madrileños, asturianos, gallegos y cántabros? ¿La construcción de un hospital de referencia, por ejemplo, la unidad de grandes quemados en Madrid, donde se atiende a pacientes de toda España, debe ser imputada a Madrid o a todas las CC AA? ¿La percepción de pensiones de jubilados que trasladan su residencia a Benidorm debe ser imputada a Valencia? ¿El gasto en defensa cómo lo repartimos? ¿Y a quién imputamos las contribuciones de España a la Unión Europea? Y así podríamos seguir con muchos más ejemplos.

Por lo tanto, y volviendo a la idea inicial, no tiene sentido hablar de «balanzas fiscales CC AA-Estado», porque nuestro sistema fiscal tiene como núcleo central la persona, el ciudadano, que es quien contribuye y quien recibe los servicios. Por tanto, el sistema fiscal debe asegurar que la contribución de los ciudadanos sea equitativa y justa y que los servicios sean recibidos en términos de igualdad por todos los españoles. Erosionar estos principios llevaría a poner en riesgo que los jubilados, inválidos, huérfanos, etcétera, reciban más que aportan y, en su contrario, que las personas que más renta reciban aporten proporcionalmente más.
Las balanzas fiscales son útiles para lo que son, certificar que la solidaridad interregional existe entre la mayoría de CC AA y confirmar al mismo tiempo que ésta no existe en determinados casos (más bien al contrario, se da la insolidaridad), como ocurre con los ciudadanos de las CC AA del País Vasco y de Navarra, para quienes nuestra Constitución consagró, con el beneplácito de la gran mayoría de los españoles votantes en 1978, su «exención de facto» de contribuir junto con el resto de españoles a esos principios llamados solidaridad y equidad.
Por ello es preciso insistir en que la utilización de este tipo de análisis debe partir del reconocimiento último de la incongruencia que supone atribuir a las CC AA derechos y obligaciones que corresponden a los individuos, así como que su uso conlleva ciertos errores de partida difícilmente salvables y que al mismo tiempo se corre el riesgo de que sean manipuladas y utilizadas por intereses nacionalistas, quienes tratan de manipularlas frente a la opinión pública, como instrumento adicional para el logro de sus reivindicaciones y pretensiones insolidarias (y falaces, porque si realmente se independizaran, no obtendrían los pretendidos beneficios fiscales que en ocasiones exigen).

Manuel Sarachaga García es economista, licenciado por la Univesidad de Oviedo.

viernes, julio 11, 2008

EL BANCO DE ESPAÑA SE EQUIVOCA

Estimados lectores a continuación os proponemos un agudo articulo publicado por Juan Torres Lopez, en la revista sistema digital de la Fundación Sistema. En este articulo se coincide enormemente en las posturas económicas que se esgrimen en este Blog.

http://www.fundacionsistema.com/News/ItemDetail.aspx?id=1087

EL BANCO DE ESPAÑA SE EQUIVOCA

El Banco de España acaba de reprender al Gobierno porque dice que no hace frente convenientemente a la crisis y es lógico que eso llame la atención de los ciudadanos, e incluso que cause preocupación.
Desgraciadamente, sobre las opiniones de los bancos centrales no hay apenas debate y lo que argumentan sus responsables suele ser aceptado sin rechistar por casi todo el mundo.

Es una pena, porque los ciudadanos deberían saber que las opiniones del Banco de España, y más concretamente estas últimas criticando al Gobierno, no tienen rigor científico alguno y que solamente responden a postulados ideológicos muy respetables pero infundados y que en absoluto tienen que ser compartidos por toda la sociedad como si fueran un dogma de fe.

Como siempre, el eje de las recomendaciones al ejecutivo se centra en la necesidad de moderar los salarios para hacer frente a la crisis. Algo realmente sorprendente si se tiene en cuenta que los salarios españoles se han moderado tanto en los últimos años que nuestro país ha sido el único de la OCDE en donde han disminuido en términos reales en los últimos años.

En contra de lo que ahora dice el Banco de España y de lo que viene diciendo en su discurso de piñón fijo, más bien se podría pensar que si no hubiera sido así, si las rentas salariales hubieran dispuesto de mayor poder adquisitivo, la economía española no hubiera sufrido un endeudamiento tan grande como el que tiene ahora, disfrutaría de mercados internos más potentes y hubiera estado más incentivada a competir por la vía de la innovación o la calidad. Sensu contrario, puede pensarse, pues, con fundamento que lo que hace el Banco de España recomendando más moderación salarial es condenar a la economía española a desempeñar un papel subordinado y de segunda fila en los mercados internacionales. Aunque, eso sí, favoreciendo de esa manera que los bancos sigan haciendo más negocio con el endeudamiento privado y que las empresas aumenten sus beneficios.

Pero como ni siquiera el Banco de España puede ya disimular el enorme privilegio que han tenido éstos últimos (que en España son unas siete veces más altos que la media europea), ahora se ha atrevido a proponer que no solo se moderen las rentas salarias sino también los márgenes empresariales.

Con ese criterio, el Banco de España hace una pirueta discursiva verdaderamente increíble.

Vemos: el total de la producción de la economía es justamente el total de las rentas. No puede ser de otra manera: la producción alcanza un valor determinado porque han de retribuirse por ese determinado valor al conjunto de los agentes que participan de un modo u otro en la producción. Y las rentas posibles solo pueden ser las del capital (los beneficios), las del trabajo (los salarios) y las del Estado. Si el Banco de España pide moderación de los márgenes empresariales y de los salarios, o está pidiendo que disminuya la producción o está pidiendo que aumenten las rentas del Estado.
¿Estará entonces solicitando el Banco de España que haya menos actividad en la economía española? ¿O es que se ha hecho ahora milagrosamente keynesiano y está reivindicando un papel más activo del Estado? Pero si es esto último, ¿no resulta contradictorio con sus llamadas a la reducción de impuestos y al “ajuste” del gasto público?

¿A qué juega el Banco de España con este discurso? ¿Es sincero o es que habla con la boca chica? ¿Cómo entender un análisis tan pobre y contradictorio en una institución que se reclama como la expresión del máximo rigor económico?

Otra de las indicaciones del banco al gobierno es que debe reformar el sistema de pensiones, lo que igualmente resulta un argumento penoso en la actual coyuntura.
Ningún estudio “científico” de los que ha financiado generalmente la banca ha conseguido demostrar que la crisis que vaticinan es inevitable. Por el contrario, absolutamente todos sin excepción se han equivocado a la hora de anticipar los escenarios de futuro y cuando decían que se iba a manifestar un gran déficit se ha logrado un superávit histórico.

Una vez más hay que señalar que el Banco de España no tiene razones científicas de ningún tipo para decirle al gobierno y a la sociedad española que lo que conviene es una mayor presencia del sector privado en el sistema de pensiones.

Lo que está haciendo es aprovechar la crisis y el temor que lógicamente genera para volver a hacer ruido una vez más sobre lo mismo y tratar así de conseguir lo que interesa a los bancos privados: rentabilizar los recursos financieros que ahora están en manos del sector público. Eso es lo único que hay detrás de la reforma de las prensiones que reclaman.

Y lo que resulta especialmente lamentable en todo este discurso sobre la crisis es que mientras el Banco de España se dedica a proponerle al Gobierno medidas que solo benefician a los bancos y a las grandes empresas y patrimonios, pasa por alto factores reales que han provocado la crisis y la subida de precios y soslaya remedios que reputados economistas están proponiendo para salir de ella con mayor eficacia y equidad.

Así, no habla de la especulación que está produciendo la inestabilidad y que los reguladores han permitido e incluso estimulado. Ni tampoco del crecimiento de la masa monetaria generado por los grandes bancos centrales para salvar a los bancos privados y que no puede sino generar la inflación que ahora dicen que quieren combatir ¡aunque bajando salarios!. Ni, por supuesto, del poder de mercado de las grandes empresas para manejar los precios a su antojo, ni de las inversiones arriesgadas en un modelo de crecimiento insostenible de los bancos y cajas españolas. Ni de los privilegios de la banca que para aumentar su negocio ha incentivado y provocado un endeudamiento de las familias y empresas desorbitado y que en realidad tiene los mismos o peores efectos que el endeudamiento público que tanto combaten los bancos centrales.

Como tampoco se hace eco de medidas mucho más razonables y efectivas para afrontar la crisis como las que señalaba hace unos días Joseph Stiglitz cuando decía que “si se quiere basar el crecimiento económico en los avances científicos y tecnológicos, y no en la especulación inmobiliaria o financiera, habrá que reajustar los sistemas fiscales”, algo de lo que ni por asomo quiere oír hablar el Banco de España... si no es para bajar los impuestos de los ricos.

Realmente, lo que ocurre es que el Banco de España está en otra onda, en la de los adinerados y los poderosos. Es lógico que hable como habla pero los ciudadanos y nuestros representantes políticos deben saberlo. Y criticarlo.

viernes, julio 04, 2008

CRISIS SOCIAL

Recientemente la comisión europea ha aprobado la modificación en la legislación sobre la jornada laboral, en donde se permite trabajar de un máximo de 48 Horas a 65 Horas Semanales. Como excusa se argumenta que en numerosos países Europeos se estaba incumpliendo la norma, sobre todo en la sanidad.

Aunque el parlamento Europeo todavía no ha dicho su última palabra, nos enfrentamos a la paradoja del trabajo. Como es posible que se obligue a personas trabajar 65 Horas a la semana cuando existe desempleo en toda la Unión Europea.

Si a esto le sumamos la involución a la que nos enfrentamos acerca del futuro de las pensiones públicas en donde siempre se nos está diciendo que es necesario retrasar la edad de la jubilación para que el actual sistema sea viable. Nos enfrentamos a un atraco al sistema social escandaloso.

En ARENCI, llevamos años proponiendo la necesidad de un cambio en el modelo económico y nos resulta inverosímil como se pueden realizar estos planteamientos por representantes de los ciudadanos europeos, cuando los que los que los hacen cobran unos excelentes sueldos más dietas, y seguramente en la mayoría de los casos, trabajan casi la mitad de lo máximo permitido.

Lo paradójico de toda esta cuestión es que nunca se ha vivido tan bien en Europa como en esta última década gracias al estado de bienestar y lo triste es que no existe un planteamiento de modificación del modelo económico a la par que se está modificando la economía, para mantener y mejorar el actual estado de bienestar.

Esto es precisamente lo que propone ARENCI, para mediante la Renta Básica, forjar un nuevo modelo de economía sostenible, que sea capaz de suavizar las crisis cíclicas provocadas por la especulación atroz, que no contentos con los mercados financieros y de materias primas, están invadiendo los mercados alimentarios, provocando hambre y penuria en los países más pobres.

Todas las medidas que proponen los estudiosos van en contra del sentido común y del éxito del modelo económico actual, basado en una tenue distribución de la riqueza gracias precisamente a la lucha de los trabajadores..

Quizás lo más triste es que nos estamos enfrentando al inmovilismo político de partidos políticos que dicen ser progresistas y que practican medidas económicas neoconservadoras, España se abstuvo, ni siquiera voto en contra.

Desde ARENCI se han planteado medidas económicas y con el apoyo político correspondiente se consiguió la resolución Nº85, del primer debate de la nación de la anterior legislatura en el congreso de los Diputados, para el estudio de propuestas económicas que nos llevaran a una nueva economía social con el propósito de alcanzar una Renta Básica de Ciudadanía.

Como somos pacientes todavía estamos esperando a que se cree la mencionada subcomisión. No se necesita ser un economista para saber que el modelo económico basado en la construcción y la especulación que tiene nuestro país era y es insostenible.

Pero lo que nos deja más perplejos siempre es la falta de propuestas y modelos alternativos al actual sistema por parte del gobierno que no solo cuenta con políticos expertos sino con todos los recursos de los científicos, economistas y resortes que posee nuestro estado y se desmarca con una desaceleración en la que le jefe de la oficina económica de Moncloa se pasa a dirigir el lobby de la construcción, de ahí que ahora la receta será más inversión en obra pública.

Sabemos que con la moneda única ya no es posible una devaluación, con la unión europea tampoco es posible poner aranceles. Y la inflación nos resta competitividad.

La solución no consiste en unos salarios precarios puesto que como bien argumenta el Profesor Götz Werner de la universidad de Karlsruhe:

El sistema económico debe de cumplir dos funciones principales, la primera consiste en proveer a nuestros ciudadanos de bienes y servicios y la segunda de proveerles de unos ingresos que les permitan adquirir esos bienes y servicios.

Sin unos ingresos acordes los ciudadanos no pueden consumir y sin consumo la economía mal que nos pese no funciona, tampoco tiene lógica alargar la jornada laboral ya que el aumento de la productividad en la mayoría de los casos siempre es a costa del empleo.

Pero se da la circunstancia que lo que se fabrica en España es gravado con un 40% de su valor mientras que lo que se importa solo se grava con un 16%. En Dinamarca lo que se importa es gravado con un 30% de su valor. Esto que comentamos es posible sin el aumento del precio en el producto nacional.

Mediante estas medidas se consigue desligara parcialmente los salarios de la competitividad y por tanto permiten una mejora sustancial de los ingresos de los trabajadores. Además se encarecerían las importaciones lo que equilibraría nuestra maltrecha balanza comercial.

José Miguel