Reformas estructurales

Hablar de reformas estructurales significa reformar la estructura sobre la que se sustenta nuestro estado de bienestar. Lamentablemente, una parte de los actores económicos, mal informados o desconocedores del significado, sólo asocian a esta palabra argumentos como facilitar el despido y bajar los salarios para ser más competitivos.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE) indicaba Recientemente la necesidad de que los gobiernos abordaran las reformas estructurales necesarias, ya que estos tienen margen suficiente para actuar. El problema no es la moneda única, sino el problema político ocasionado por los lobby económicos, que impiden tomar las decisiones adecuadas. Los gobiernos tienen en la mano la posibilidad de modificar el sistema tributario, de controlar la inflación y de legislar para que la falta de competencia no provoque la subida artificial de precios. También está en su mano facilitar el aumento de competitividad en las empresas.

Nos encontramos ante una parálisis motivada por la crisis y una falta de comprensión de los aspectos económicos derivados de la globalización. En ARENCI (Asociación Renta Ciudadana) nos sorprende la miopía económica que demuestran los cien economistas. El problema al que nos enfrentamos es el elevado endeudamiento de las familias y el Estado, junto con una falta de competitividad de las empresas ocasionada, en parte, por el encarecimiento del Euro y, en parte, por una deficiencia funcional de nuestro sistema fiscal. Sin embargo, la única propuesta clara a que llegan consiste en bajar salarios y abaratar el coste del despido

Si la propuesta a la que se llega consiste en bajar salarios y abaratar el coste de despido, resulta una pobre respuesta a las necesidades que tiene nuestro país, habida cuenta de las debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestra economía. Tal propuesta no merece, desde luego, en nombre de reforma estructural. Manuel de la Rocha, diputado socialista por Madrid, denuncia de manera argumentada y convincente la falsa conciencia de quienes insisten en tal propuesta: “Los costes del despido como ideología” (El País, 27/12/2008).

http://www.elpais.com/articulo/opinion/costes/despido/ideologia/elpepiopi/20081227elpepiopi_4/Tes

Bajar los salarios o abaratar el despido, cuando los costes salariales de España son inferiores a la media de la UE de los 15, solo perjudicaría más al endeudamiento de los ciudadanos y restaría poder adquisitivo a las personas, poniendo en peligro la propia viabilidad empresarial al resentirse el consumo como principal motor económico. Restar poder adquisitivo a los ciudadanos solo significa miopía nacional, y menospreciar las capacidades de nuestro país, a la vez que se pone en grave peligro el estado de bienestar. De hecho, todos los países avanzados dotan a sus ciudadanos de una gran capacidad adquisitiva. Con una moneda común, esta estrategia supone dar ventaja a los ciudadanos con mayor poder adquisitivo respecto de nuestros conciudadanos y no soluciona el problema de la competitividad de la economía española, porque este reside y se asienta sobre un problema fiscal que nadie quiere reconocer.

La Asociación Renta Ciudadana (ARENCI) lleva, desde el año 2005, solicitando una reforma fiscal que permitiría hacer realidad una Renta Básica de Ciudadanía. Su propuesta es plenamente viable en estos momentos y significa realizar una verdadera reforma estructural del sistema, más allá de los planteamientos keynesianos y neoliberales. Tal reforma se basa en una nueva economía política, denominada “Teoría Alternativa”, que explica Ramiro Pinto Cañón en numerosos artículos y conferencias, particularmente en su libro: “Los fundamentos de la Renta Básica y la «perestroika» del capitalismo” (Madrid: Entimema, 2003)

Recomendamos su lectura a todos los que, más allá del partidismo e ideologías, buscan una verdadera reforma estructural

El presidente de la CEOE, se equivoca al hacer demagogia política en un cargo de representación, que confunde intereses personales con la representación de los intereses de sus asociados. No representar los intereses del 80% del empresariado español significa que no dispone de legitimidad suficiente. No es de extrañar que CEPYME y los autónomos discrepen de sus propuestas, pues éstas se contradicen con las necesidades de las medianas y pequeñas empresas. Las grandes sólo representan el 20% del tejido productivo, pero suponen el 50% del impositivo y el 80% del beneficio empresarial, con la capacidad de crear opinión y persuadir voluntades.

Se habla de la internacionalización de las empresas pero se olvida que si exportamos a Dinamarca, que se encuentra en Europa y tiene la misma moneda, sólo por el efecto de la fiscalidad somos, en este momento, un 7% menos competitivos. Lo que exportamos se reduce en un 16% de su precio en España y se aumenta en un 25% en Dinamarca. Al sumarse los gastos impositivos de nuestro estado de bienestar (si igualamos estos seríamos un 7% más caros). Lo que importamos se reduce en un 25% de su precio en Dinamarca y se aumenta en un 16% en España. En principio, parece que en España el precio sería más barato pero, en igualdad de condiciones, los precios tienden a equilibrarse, por lo que el importador se beneficiara de un 7% en su margen comercial. Intentar reducir ese 7% a través de una reducción de salarios no soluciona el problema, ya que la inflación volverá a ponerlo en su sitio, con una perdida de capacidad de consumo por parte de los ciudadanos españoles. Esta política hace que los precios sean, en teoría, más baratos en España; pero no es así, porque se igualan con Europa, producen un mayor beneficio empresarial a costa de importar, lastran nuestra balanza comercial e impiden que nuestras empresas sean competitivas. Aquellas empresas que producen y fabrican en nuestro país se ven más perjudicadas, mientras que aquellas empresas que importan se ven enormemente beneficiadas: estamos tirando piedras contra nuestro tejado.

El reducir los salarios no afecta por igual a todos los productos, aquellos servicios cuyo precio se basa en la mano de obra (actualmente la mayoría deslocalizados en oriente) sí pueden repercutir gran parte de ese 7% en el precio; pero aquellas industrias, por ejemplo la de automóviles, en cuyo producto los costes salariales no suponen más de un 40 o 50% del precio, para igualar esta diferencia tendrían que reducir los sueldos en más de un 15%, como argumentaba el prestigioso economista y premio nobel Krugman en una entrevista.

El 80% por ciento del empresariado produce y vende en España; por tanto, una rebaja de salarios va en contra de sus intereses. Un aumento de la fiscalidad a las importaciones, a través de un trasvase impositivo al IVA, no sólo beneficiaría a los empresarios sino que les permitiría competir en igualdad de condiciones con la Europa de los 15. Además, en estos momentos contamos con una estructura de costes salariales menores de la media comunitaria. Esto no solo beneficiaría a los trabajadores; de hecho, los propios empresarios deberían de ser los más interesados en que se fiscalizara el beneficio real y no el hecho diferencial. Los impuestos deben de ser proporcionales al beneficio y no según el local, la actividad o la contabilidad de cada empresa.

La fiesta y el aumento de la inflación, motivada por la burbuja inmobiliaria, se acabaron. Y, como bien decía el prestigioso economista K. Galbraith: si no se controlan los beneficios empresariales y los márgenes comerciales no se puede sujetar la inflación. Durante todo el periodo de bonanza, los trabajadores han contenido sus salarios ajustados a la inflación; no es de recibo que la crisis se cebe en éstos y que no se ajusten los márgenes empresariales. De ahí que no se puede entender que una lechuga o los tomates valen más en España que en Francia cuando los costes salariales e impositivos son menores. Y esto, para nuestra desgracia, también es competencia del Gobierno.

ARENCI (Asociación Renta Ciudadana)

ARENCI-E: arenci@hotmail.com

Blog: http://rentabasica.blogspot.com