Una reforma del Estado contra la pobreza

Desde este Blog, queremos hacernos eco de iniciativas que suceden en más lugares del mundo en este caso se trata de un articulo de opinión publicado en Mexico.

Por: Jorge Javier Romero | Opinión

Miercoles 13 de Junio de 2007 | Hora de publicación: 02:00

La Constitución de 1917 tuvo dos innovaciones especialmente relevantes respecto a su modelo, la Constitución liberal de 1857. Por un lado, se estableció un peculiar sistema de derechos de propiedad que sumaba a la propiedad privada de carácter liberal, el reconocimiento de otras formas de posesión colectiva tradicionales, como los ejidos y los bienes comunales, a la vez que le otorgaba al poder Ejecutivo una importante capacidad expropiadora, con base en el principio de la propiedad originaria de la Nación. Por otra parte, la Constitución de 1917 fue la primera del mundo que estableció un conjunto de derechos sociales como parte del pacto social. La huelga y el derecho de organización sindical quedaron consagrados en el texto, en un artículo que tiene mucho de ley secundaria inserta en el corazón constitucional y que hoy muestra serios signos de decrepitud.
Tradicionalmente se habla de la Constitución mexicana como una carta social. Sin embargo, noventa años después de su promulgación original y del montón de reformas hechas a la medida de la megalomanía de los presidentes omnímodos de la época clásica del régimen del PRI, el texto constitucional se presenta como un lienzo parchado y a veces incongruente que requiere de una renovación completa. Esa debería ser la tarea de la Comisión para la Reforma del Estado.
He insistido en la necesidad de entrarle a fondo al cambio de régimen político. La democracia mexicana necesita de una nueva relación entre poderes que supere la del modelo norteamericano del siglo XVIII que hoy mantiene, para lograr un arreglo que haga compatible la pluralidad en la representación con la gobernación eficaz. Sin duda, cualquier recorte en
la representación en nombre de la gobernabilidad sería un despropósito muy grave y podría generar un déficit de representación que podría traducirse en conflicto. Pero no basta con la reforma política para realmente reformar al Estado mexicano y ponerlo al día en sus responsabilidades. Es indispensable una ampliación sustancial de los derechos de ciudadanía, de la concepción misma de éstos para llevarlos más allá de la idea liberal de las garantías individuales y para hacer de la Constitución mexicana, de nuevo como a principios del siglo pasado, una norma pionera.
Y es en ese sentido en el que se debe discutir la cuestión de las garantías sociales. Para adecuar el pacto social mexicano a las condiciones de nuestro tiempo, la Constitución mexicana del siglo XXI debería entender los llamados derechos sociales como derechos de la ciudadanía y sobre esa base construir el modelo de Estado social capaz de enfrentar con éxito las difíciles concreciones de un país escindido por la brecha de la pobreza y la exclusión. Si realmente estamos hablando en serio de un cambio a profundidad del Estado mexicano, entonces es necesario abordar la construcción de un entramado de reglas que garanticen a toda la gente de México un piso común de igualdad de condiciones, indispensable para ejercer plenamente todas sus libertades.
Es la hora de discutir a fondo la posibilidad de crear un eficaz Estado de bienestar que sea financiable. En lugar de parchar lo que tenemos, sería bueno rediseñar la seguridad social para establecerla como un derecho de ciudadanía universal, al que tuvieran acceso todos los mexicanos por el simple hecho de nacer. La educación de calidad debe también ser un derecho universal y, lo más importante, se le debe dar concreción al derecho a una vida digna.
Hace unos días se llevó a cabo en la ciudad de México un seminario internacional sobre el ingreso ciudadano universal. El asunto requiere de una revisión pausada, sin prejuicios ideológicos ni dogmas neoliberales, para ver si tiene viabilidad como derecho de ciudadanía en México. La idea suena realmente atractiva: garantizar a todos los mexicanos una renta básica que esté por encima del umbral de pobreza. El ingreso sería para todos: pobres y ricos, y se financiaría con los recursos que hoy se destinan a todos los programas de subsidio social, con una parte de la renta petrolera y con los recursos de una reforma fiscal seriamente distributiva.
En el seminario y en la conferencia que sobre el tema organizó el lunes pasado Alternativa Socialdemócrata se oyeron razones convincentes sobre las enormes ventajas que tendría establecer el derecho ciudadano a una renta básica: el mercado interno se ampliaría sustancialmente, se reduciría la informalidad y se combatiría la desigualdad entre hombres y mujeres y entre el campo y la ciudad. Pero sobre todo, una reforma de esta magnitud haría a los mexicanos mucho más libres al quitarles las cadenas de la pobreza y la indignidad. Si bien en principio puede sonar a utopía, bien mirado el asunto no es ningún disparate y tiene muchos visos de posibilidad. Bien harían los reformadores del Estado en entrarle a estudiar a fondo el asunto y bien harían los partidos de izquierda en impulsar con energía este análisis.