LA MINERÍA Y EL DERECHO A EXISTIR

Los titulares anuncian la salida de los mineros a la calle para exigir la supervivencia del sector. Pero les falta razón en la mayoría de los argumentos y, sobre todo, en las alternativas que proponen, resultando una penosa defensa de lo que podríamos entender como sus legítimos intereses. ¿Y si hacen lo mismo los obreros de la construcción y sectores afines, los curas, obispos, vendedoras de pipas, verduleros, kiosqueras, feriantes, o empleadas de videoclub?

Los mineros parecen olvidar que el derecho a la supervivencia es de las personas, y no de una particular actividad económica en declive de rentabilidad y altamente nociva para la salud. Los responsables políticos, sindicales y empresariales que emboban al pueblo andan muy lejos de “La hora de los sensatos” que predica don Leopoldo Abadía, en su famoso libro del mismo título. Aviados andamos si el futuro depende “del carbón autóctono” y de una “reindustrialización” en abstracto, sin concretar. Faltan imaginación y creatividad, emprendedores. Hace años no estábamos mejor, cuando ciertos señores afirmaban, dándole coces a la lógica, que “la única alternativa al carbón es el carbón”. Pues obligar a quemar carbón, autóctono o de importación, es caminar contra la lógica de la economía, además de atentar contra los compromisos de Kyoto y, por ende, contra la salud del planeta.

Después de tantos años de subvenciones concedidas por los políticos a ciertos empresarios del carbón (por no citar a las empresas eléctricas, “para adaptarse a la competitividad”, a los agricultores y ganaderos de la PAC, pescadores, transportistas, cineastas afines, etc., etc.) y viendo los resultados, cabe preguntarse si no estaremos ante un caso evidente de malversación de caudales públicos, de injusticia por acepción de personas, de corrupción generalizada, entendida ésta como “el abuso de poder público para uso privado”. No se trata de identificar automáticamente subvención con corrupción. Pero algo huele a podrido en Bruselas, Madrid y Valladolid… No está bien que los políticos regalen el dinero de todos los europeos, como si fuera suyo, a unos sí, a otros no; cuando en España, sin ir más lejos, hay cinco millones de parados y miles de familias que están pasando hambre. A esos no les llegan las subvenciones, y de ellos no se acuerdan los solidarios sindicatos mineros, ni los otros. Menos mal que ciertos desempleados, conscientes de lo que pasa, han empezado a movilizarse sin encomendarse ni a reyes, ni tribunos siervos del dios Capital. Ocurre así con la Asociación Nacional de Desempleados (ADES), liderada por nuestro socio en Madrid, D. Luis Fernández. Su web da buena cuenta de la realidad: http://adesorg2009.magix.net/website/ . Estos desempleados no se conforman las migajas de 426 euros, para unos sí, para otros no, como UGT y CCOO, o ciertos pequeños sindicatos minoritarios que, por lo que parece, se dedican a la maledicencia sobre los rivales, antes que a defender los derechos de precarizados y parados forzosos. Exigen medidas de urgencia para garantizar el derecho a la vivienda digna, a disfrutar de luz y agua corriente, a poder comer. Pero no se olvidan de pedir otras de mayor calado, como las “prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”, a tenor del artículo 41 de la Constitución. Recordemos que los autónomos obligados a cerrar su negocio también son desempleados, que dicho artículo no cae en la acepción de personas ni les excluye de las citadas prestaciones, como han hecho todos los Gobiernos, incluido el actual.

La Conferencia Política del PSOE (Madrid 20-21 de julio de 2001) aprobó el documento marco titulado “Ciudadanía, Libertad y Socialismo: Un partido en la España del s. XXI”. El punto 87 se expresa en los términos siguientes: «Nuestro objetivo y nuestra propuesta, será hacer realidad una Renta Básica de Ciudadanía, es decir, garantizar unos ingresos mínimos para todos los ciudadanos con carácter universal e incondicional, que se constituya como el mínimo vital de subsistencia que toda persona o familia necesita para vivir». Menos mal que contamos todavía con la lucidez de socialistas, como don Federico Mayor Zaragoza que sí saben con quiénes deben de estar en esta hora. Firma a la cabeza del manifiesto “EN TIEMPOS DE CRISIS, SOLUCIONES PARA LA GENTE”, que promueve la organización CULTURA DE PAZ (http://fund-culturadepaz.org/MANIFIESTO/En_tiempos_de_crisis_soluciones_para_la_gente.htm).

Entendería a los mineros y sindicalistas si reclamasen la Renta Básica de Ciudadanía, para todos, como garantía del derecho a existir; o si pidieran cierto número de plazas remuneradas como “habitantes de pueblo” para solucionar, de paso, la alarmante despoblación rural. Me refiero a la auténtica Renta Básica, a la que proponemos desde ARENCI, ATTAC y todas las asociaciones de la Red Renta Básica, en la estela de Philippe Van Parijs y Robert J. Van der Veen (Universidad Católica de Lovaina 1986). No se trata, por supuesto, del fraude político e intelectual que, bajo ese mismo nombre, y en las antípodas de una legítima Renta Básica de Ciudadanía, han establecido varias autonomías en forma de prestación social (Navarra, País Vasco o Andalucía), sin nada que justifique la falsa denominación que le dan. Lo que proponemos es una medida estrictamente económica, que ya hemos explicado hasta la saciedad y que la mayoría de los políticos y sindicalistas se han encargado de ocultar o tergiversar, especialmente del PSOE y la UGT. Ellos han transformado en una gran mentira los buenos propósitos de nº 85 del documento Ciudadanía libertad y Socialismo que se comprometía a establecer una renta básica digna de ese nombre. No se trata de caridad o filantropía, ni de una prestación en condiciones draconianas para los pobres de solemnidad, como la “renta garantizada de ciudadanía” recientemente aprobada en Castilla y León, con el melindroso aplauso de UGT y CCOO. Se trata de una cantidad de dinero que recibe cada ciudadano, valorada sobre el umbral de la pobreza, que cubre los gastos mínimos. Es para todos los ciudadanos, estén empleados o no. No es a cambio de hacer trabajos o cursos obligatorios. Es personal, no familiar. Se propone como un derecho, no como una asistencia social. No es un subsidio ni un salario social para los parados. José Antonio Pérez, del observatorio de la Renta Básica de Attac, la define como “un ingreso garantizado, pagado por el Estado a cada miembro pleno de la sociedad de forma absolutamente incondicional. Lo que implica que lo recibirá cada persona: incluso si no quiere trabajar; sin tener en cuenta si es rico o pobre; sin importar con quien vive; con independencia de la parte del país en la que viva” (http://carnetdeparo.blogspot.com). Pero no tienen razón en obligar a quemar carbón para conservar unos puestos de trabajo cuya necesidad real está por aclarar. Es un error. Y, partiendo del error, cuanto más lógico peor. Sólo faltaba que consintieran en recuperar la “Ley de Vagos y Maleantes”, en vez de recobrar la solidaridad perdida.

Si admitimos la necesidad de una “reserva estratégica”, porque es razonable y socialmente conveniente preservar una tecnología minera a la que quizás mañana habría que recurrir, habrá que explicar muy bien hasta dónde abarca tal reserva y tal necesidad en relación con su coste y beneficio; sobre todo si dicha reserva ha de ser financiada con fondos públicos salidos de nuestros bolsillos europeos. A lo mejor, para eso nos sobran con un par de minas. En tal caso, nos saldría más barato socializar un tanto de tan imprescindible actividad y que el gasto público se hiciera en forma de sueldo para los mineros y gestores públicos afectados, amén de las debidas inversiones en seguridad, investigación e innovación tecnológica del sector. Nos ahorraríamos la parte substanciosa de las subvenciones que actualmente se regalan a ciertos impresentables como Victorino Alonso y demás chantajistas del empleo, que no quieren pagar al obrero el salario que sudó. Va siendo hora de que estas cuestiones se las planteen los implicados en el asunto, incluidos los señores obispos de León y de Astorga, que tan amablemente han acudido a ofrecer su ayuda a los mineros y sus familias. El séptimo mandamiento dice: “no robarás”. Seguramente estaremos de acuerdo en que no se debe dar como caridad lo que se debe por justicia, y en que una auténtica Renta Básica, lejos de la manipulación política y de sostener la impotencia de los pobres a rebelarse, sería una buena manera de asegurar la libertad, el trabajo vocacional, y la concreción de ese principio conocido como “el destino universal de los bienes”. Basta ya de repartir alfalfa espiritual, o electoral, para borregos que no piensan.

Horacio García Pacios (Presidente de ARENCI, Trabajador Social)