Además en muchos casos se encuentran las sedes de las grandes empresas y por lo tanto tienen más ingresos por Impuesto de sociedades y por IVA, ya que aunque este último es un impuesto que se paga en el lugar y momento en el que se realiza la transacción, las grandes empresas realizan muchas transacciones entre empresas, compran y repercuten el IVA desde sus correspondientes Centrales de Compras aunque la transacción tenga lugar en una comunidad limítrofe.
A esto hay que sumar que muchas personas trabajan y viven en los grandes núcleos de población porque es donde encuentran trabajo y cuando se jubilan si tienen posibilidad vuelven a sus lugares de origen. Esto hace que en aquellas comunidades con menor poder económico se cotice proporcionalmente menos a la seguridad social que el dinero que esta destina a pagar las pensiones.
Expuesto el resultado, los políticos hablaran de cifras, el ministro de Hacienda Sr. Solbes ya ha puesto el 50% del IRPF y el IVA de cada comunidad sobre la mesa.
Siendo honestos, si se pide una renta de ciudadanía para cada ciudadano y esta equivale al umbral de la pobreza que no es otra cosa que una media de todos los ingresos. También se debe de disponer de una renta de ciudadanía para cada comunidad y para cada Ayuntamiento. Esto es los Ayuntamientos y comunidades deben de disponer de los recursos suficientes para garantizar el catalogo de servicios que deben de proveer por ley. Y este debe de ser para todos igual, es decir atendiendo a los criterios de población y de dispersión, puesto que estos son los criterios que más reticencias plantean entre las diferentes comunidades autónomas. Fijados un catalogo de servicios y un baremos por servicio , en donde se contemplen los costes reales y financiado el coste de los servicios, cada comunidad y cada político, puede o bien gestionar mejor, ahorrar costes en los servicios para ofrecer mejoras y una mayor excelencia a los ciudadanos. O bien costear mediante tasas, servicios añadidos que aporten mayores beneficios a la ciudadanía.
A partir de este punto debe de entrar la solidaridad y en aquellos servicios indispensables, en donde aquellas comunidades por criterios justificables, por ejemplo aumento de población en los periodos vacacionales, por ciudadanos de otros comunidades. Servicios esenciales que por situaciones de distancia o orográficas resultan especialmente inasumibles, serán servicios en donde se deba hacer efectiva la solidaridad constitucional.
Con el fin de aclara lo que significa la balanza fiscal, hemos cogido el siguiente artículo de Manuel Sarachaga Garcia de Internet, que pueden ilustrar a nuestros lectores.
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1839_45_583744__Economia-falacia-balanzas-fiscales
Articulo : La falacia de las balanzas fiscales
MANUEL SARACHAGA GARCÍA La publicación, esta semana, de un estudio sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, realizado por la Fundación BBVA, ha reanimado el debate sobre los flujos económicos entre regiones. El economista asturiano Manuel Sarachaga analiza en esta página los principales problemas que presentan este tipo de estudios.
La reciente publicación del estudio de la Fundación BBVA sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas (CC AA) ha vuelto a poner de actualidad un tema de fondo e importante sobre el que, a mi juicio, ningún ciudadano consciente de la realidad puede permanece ajeno.
En primer lugar, quisiera comenzar afirmando que las denominadas balanzas fiscales son una «herramienta peligrosa» o «de difícil manejo», que según en manos de quién esté puede ser utilizada como «arma arrojadiza», manipulando falazmente las posibles conclusiones que de ellas se quieran obtener.
El punto de partida del análisis de las balanzas fiscales para cualquier ciudadano, y sobre todo y particularmente para sus autores y para los responsables políticos, debe ser la correcta interpretación de las mismas, que permitirá alcanzar unas correctas conclusiones. Y este punto de partida es que no son las CC AA o los «territorios», como ahora se les denomina, quienes tributan, sino las personas (físicas o jurídicas), es decir, los contribuyentes. En este sentido, las balanzas fiscales, incluso aceptando su validez en cierto sentido, no pueden ser de ninguna forma expresión del resultado de las relaciones fiscales entre las CC AA y el Estado, sino el resultado de la suma «territorializada» (con mayor o menor grado de error) de las relaciones fiscales entre las personas, distribuidas por todo el territorio nacional, y la Hacienda pública.
De ahí a extraer conclusiones o «déficit o superávit» de una comunidad autónoma respecto al Estado hay un trecho trufado de supuestos, errores e incorrectas interpretaciones.
Siguiendo este hilo argumental es incorrecto, en términos absolutos, afirmar que «Madrid y Cataluña contribuyen más que Extremadura, Asturias o Andalucía» o «Asturias recibe del Estado 2.100 euros por habitante». Quienes únicamente contribuyen son los ciudadanos que residen en cada comunidad autónoma, y quienes reciben los bienes, servicios o transferencias públicas son los ciudadanos, y por lo tanto los dirigentes políticos de las diferentes CC AA no deberían nunca aducir un supuesto déficit fiscal para exigir que se les devuelva «lo que es suyo» o para afirmar que «su comunidad autónoma está contribuyendo más a la solidaridad que otras CC AA». Esto es una absoluta falacia, ya que es cada persona quien contribuye a la misma o recibe el fruto de dicha solidaridad.
Los verdaderamente válidos estudios sobre balanzas fiscales deberían responder básicamente a una pregunta: ¿un ciudadano, con una renta determinada, paga los mismos impuestos, es decir, soporta la misma presión fiscal y recibe los mismos servicios públicos independientemente de dónde resida? Si la respuesta es afirmativa, los saldos que arrojen las balanzas fiscales no tienen otro significado que la constatación de que nuestro sistema fiscal está basado en los principios de equidad y solidaridad y, por tanto, nunca deberían ser utilizados como argumento para ninguna reclamación de una comunidad autónoma. Pero si la respuesta es negativa, entonces esto significa que el sistema falla en sus principios, y debe analizarse dónde, si por la vía de la presión fiscal (ingresos) o por la vía de los servicios públicos (gasto).
Este segundo paso en el análisis, que es el realmente crucial y el que puede poner de manifiesto la quiebra de la solidaridad y la igualdad, no se da con frecuencia, ya que no existe un verdadero interés en ello y además, porque la respuesta podría ser (lo es de hecho) frustrante, pues la continua cesión de tributos y capacidades normativas en materia fiscal a las CC AA está erosionando de facto la igualdad, y por otra parte, la inexistencia de una cartera básica de servicios públicos común a todas las CC AA impide al mismo tiempo hacer realidad la equidad y solidaridad proclamada por la Constitución.
Por supuesto, es lógico que haya diferencias en las llamadas balanzas fiscales, porque no todas las personas (físicas y jurídicas) obtienen la misma renta ni están repartidas territorialmente de forma homogénea. De igual forma que es lógico que el «saldo» de cada persona con la Hacienda pública (tributos menos servicios y transferencias recibidas) sea distinto.
Pero así como no parece lógico que una persona adinerada reclame a la Hacienda pública que le devuelva parte de sus impuestos porque aporta más de lo que recibe (¡lógicamente!), tampoco es lógico que la suma de las personas que viven en una comunidad autónoma rica, a través de la supuesta voz de sus representantes, reclame algo parecido. Es obvio que en aquellas CC AA donde la renta per cápita es mayor haya «déficit fiscal» (término falaz, repito), pues esa es la base precisamente de los principios de solidaridad y equidad que consagran, entre otros, los artículos 31, 40 y 139 de nuestra Constitución.
Por otra parte, es preciso poner en duda (sin desmerecer en absoluto la gran calidad de los diferentes estudios publicados en esta materia) el propio proceso de cálculo de dichas balanzas, fundamentalmente en lo relativo a las hipótesis de «territorialización», ya que hay determinados gastos e ingresos que no son «territorializables» y que el hecho de hacerlo supone la asunción de errores de partida. De esta forma, en función de las hipótesis de partida, el resultado final varía sustancialmente.
Comenzando por los ingresos (tributos), aquellos de naturaleza directa (IRPF, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones), se imputan habitualmente en estos estudios en base al domicilio fiscal del contribuyente. Por tanto, en el caso de una sociedad que tenga diferentes establecimientos repartidos por toda España, como se da en la mayoría de los casos de las grandes empresas (que son las que más ingresos fiscales generan), se imputará todo a la comunidad autónoma donde tenga su domicilio fiscal (muy habitualmente Madrid por su capitalidad y también Barcelona por su importancia comercial e industrial). En cambio, si estuviéramos hablando de países distintos (es decir, existieran verdaderas balanzas fiscales), eso no sería así, pues tendrían que tributar en cada país donde tuvieran un establecimiento permanente. Y lo mismo ocurre en parte con las personas físicas (habría ciertas retenciones e impuestos, como el impuesto de no residentes, que corresponderían al país donde se genera la renta y no donde reside la persona).
Por lo que se refiere a los tributos indirectos (fundamentalmente el IVA), el error es mayor todavía, porque el ingreso no se produce donde se recauda (domicilio de la sociedad o profesional que vende o presta el servicio), sino donde se consume (quien de verdad tributa es el que compra o consume).
Por la parte del gasto ocurren graves errores similares en el proceso de «territorialización»: ¿una mejora en Barajas o en El Prat es para los madrileños y catalanes o para toda España? ¿Las obras del Ave que atraviesa Castilla y León deben ser imputadas a ellos o también a madrileños, asturianos, gallegos y cántabros? ¿La construcción de un hospital de referencia, por ejemplo, la unidad de grandes quemados en Madrid, donde se atiende a pacientes de toda España, debe ser imputada a Madrid o a todas las CC AA? ¿La percepción de pensiones de jubilados que trasladan su residencia a Benidorm debe ser imputada a Valencia? ¿El gasto en defensa cómo lo repartimos? ¿Y a quién imputamos las contribuciones de España a la Unión Europea? Y así podríamos seguir con muchos más ejemplos.
Por lo tanto, y volviendo a la idea inicial, no tiene sentido hablar de «balanzas fiscales CC AA-Estado», porque nuestro sistema fiscal tiene como núcleo central la persona, el ciudadano, que es quien contribuye y quien recibe los servicios. Por tanto, el sistema fiscal debe asegurar que la contribución de los ciudadanos sea equitativa y justa y que los servicios sean recibidos en términos de igualdad por todos los españoles. Erosionar estos principios llevaría a poner en riesgo que los jubilados, inválidos, huérfanos, etcétera, reciban más que aportan y, en su contrario, que las personas que más renta reciban aporten proporcionalmente más.
Las balanzas fiscales son útiles para lo que son, certificar que la solidaridad interregional existe entre la mayoría de CC AA y confirmar al mismo tiempo que ésta no existe en determinados casos (más bien al contrario, se da la insolidaridad), como ocurre con los ciudadanos de las CC AA del País Vasco y de Navarra, para quienes nuestra Constitución consagró, con el beneplácito de la gran mayoría de los españoles votantes en 1978, su «exención de facto» de contribuir junto con el resto de españoles a esos principios llamados solidaridad y equidad.
Por ello es preciso insistir en que la utilización de este tipo de análisis debe partir del reconocimiento último de la incongruencia que supone atribuir a las CC AA derechos y obligaciones que corresponden a los individuos, así como que su uso conlleva ciertos errores de partida difícilmente salvables y que al mismo tiempo se corre el riesgo de que sean manipuladas y utilizadas por intereses nacionalistas, quienes tratan de manipularlas frente a la opinión pública, como instrumento adicional para el logro de sus reivindicaciones y pretensiones insolidarias (y falaces, porque si realmente se independizaran, no obtendrían los pretendidos beneficios fiscales que en ocasiones exigen).
Manuel Sarachaga García es economista, licenciado por la Univesidad de Oviedo.
14 comentarios:
Señores míos, permítanme que diga algo, suelo ojear algún que otro blog, calladamente, pero en esta ocasión creo que hay una serie de aclaraciones que hacer.
1º El nacionalismo es un sentimiento, no es una razón, aunque luego se utilicen. Dejemos que las personas se expresen, en una consulta, referendum o lo que quieran.
2º Vivo en León, aun que nací en Burgos. Lo que dice el señor José Miguel sería cierto en un criterio común de cada Ayuntamiento, pero pedir una especie de renta básica para éstos por coherencia... Un ejemplo se gastan el dinero derrochándolo y para propaganda. No hay dinero, pero dan millones a Ana Belén y Víctor Manuel en las fiestas de la ciudad. O ponen un tranvía gastando una millonada para nada, pues con un 3% podrían cubrir el mismo trayecto con tranvías eléctricos. En los ayuntamientos hay buena y mala gestión, cara duras y gente honrada. Esa renta básica para las personas es discutible, puede, con lo que leo. El pleno empleo es imposible. Pero a los Ayuntamientos ¡que les quiten los políticos! O se lo llevan todo. Adolfo.
Estimado Adolfo:
Muchas gracias por paticipar y dar su opinión.
Quizas en este articulo no deberia de haber acuñado el termino de Renta basica a las comunidades y ayuntamientos, pero la realidad es que si pedimos una renta basica ciudadana para los ciudadanos, también las comunidades y los Ayuntamientos deben de tener clara su financiación. Y ese es el nudo gordiano porque si los ciudadanos no saben a cuanto ascienden los gastos y en que se destina el dinero no se puede valorar la gestion politica. Y sin esa valoracion no se puede elegir un acertado equipo de gobierno municipal.
El problema de fondo es que se esta hablando de financiacion autonomica
pero las autonomias no trasladan los gastos de los servicios a los ayuntamientos que en muchos casos son los que los presta y eso hace que todos los Ayuntamientos esten endeudados y recurran a subir la contribución y a la especulacion urbanistica, porque les permite ingresar el dinero necesario.
En cuanto al nacionalismo, debo de decir que nos movemos en el marco de la union europea y hoy por hoy el marco del estado español es el vigente. Los impuestos exceptuando el pais vasco y navarra se gravan a titulo personal en todas las comunidades mediante el mismo regimen fiscal.
El problema radica en que no se puede pretender que las comunidades tengan capacidad normativa ya que de lo contrario se rompe la hegemonia fiscal y no todo el mundo tiene posibilidad de cambiar el domicilio fiscal segun donde le convenga lo que repercute en la libre competencia y la unidad de mercado.
Por mi parte se agradece que se publiquen las balanzas fiscales puesto que toda la información significa transparencia, pero es vergonzoso que ni siquiera se hayan puesto de acuerdo para aplicar la misma metodologia para la realización de ese estudio y sin eso los resultados no se pueden comparar ya que una comunidad habla de peras y la otra de manzanas.
Lo que si coincido es que sin politicos no habria problemas.
Un saludo
José Miguel
Bueno, estaría muy bien, para empezar a pensar, que ayuntamientos y CCAA se planteaen una rentabásica en su nivel territorial. Algo ganaríamos si pensaran, llegarían a la conclusón de que una tal rentabásica "por feudos" es contradictoria "in terminis" lo ás contrario a la idea de Renta Básica, hablando en castizo: "una gilipollez" Lean Uds. el Libro de Ramiro Pinto Cañón : Los fundamentos de la Renta Básica y la «perestroika» del capitalismo (Madrid: Entimema, 2003). Prólogo del filósofo Fernando Savater (de Unión, Progreso y Democracia). Lean y juzguen por sí mismos, si es posible y sosteible una renta básica por cada comunidad autónoma...
La renta básica es para las èrsonas, para las instituciones son los impuestos que pagamos ¿o no? Yo apoyo la renta básica de ciudadanía (no la falsificada de emancipación) p0ero luchemos por ella, no hagamos teorías cada vez más barrocas y bucles sociológicos. Por cierto he leído el libro de Ramiro Pinto y me parece una obra de arte. Conocía a su autor, de vista y hablar unos minutos, hace cuatro o cinco años en el Forum de Barcelona. Vicente, de Tarragona
Los politicos son los que disponen de todo el dinero para ellos.
Cargos remunerados en donde lo primero que hacen siempre es subirse el sueldo.
Ahora piden más dinero al estado para gastarselo en lo que les da la gana.
Juan Carlos
Estoy de acuerdo con Horac. No he leido el libro de Pinto pero yo no dejaría rascar bola, ni daría competencias en materia de renta básica a los ayuntamientos y tampoco a las comunidades autónomas.
El Estado debe quedarse con recursos suficientes en el Presupuesto para atender Gasto Social, entre estos los fondos destinados la renta básica.
Lo contrario es un desparrame, un disparate y una gilipollez. Las castas políticas locales y autonómicas solo quieren pillar..
Me parece regresiva la cesión de impuestos por parte del Estado y el aumento de porcentajes cedidos de los mismos. La renta básica nada tiene que ver con las oligarquías políticas locales, la discrecionallidad, las decisiones de los funcionarios y las redes clientelares establecidas por los partidos políticos en nuestra Partotocracia.
Si no ¿por qué no se establece una renta básica universal -restringida
a algunos colectivos- para empezar? Para atender al pago de tal gasto podríamos reducir el número de funcionarios en un tercio y funcionaría.
El PSOE NO QUIERE LA RENTA BASICA.
saludos,
Como economista pienso que hay que separar la renta básica del gasto público y cada partida presupuestaria deberá tener su propio mecanismo de financiación. para que se dé la renta básicase deberá tener un grado óptimo (Pareto) de tecnología, de otra manera el Estado entraría en quiebra técnica. Esto es lo que deberán de estudiar, pues la renta básica puede entenderse como una extrenalización del progreso tecnológico.
He indagado en varios buscadores y Ramiro Pinto no es economista ni parece que tenga ninguna titulación superior, por favor ¡no se fíen de curanderos ni charlatanes! La economía es muy compleja y no valen originalidades ni filosofías baratas. Consulten en la Red Renta Básica que tienen profesionales y profesores. Hagan citas y referencias o artículos con rigor. Sólo faltaría nun teólogo opinando de economía ¡que Dios nos pille confesados! (Salamanca)
Pues no nos vendría mal que algún teólogo se interesara por la renta básica (estoy pensando en tres o cuatro, aparte del suizo Hans Küng, el de "Una ética mundil para la economía y la política"...). Tratándose de Salamanca, teólogos los hay a patadas (teólogas de renombre todavía no...), pero deben andar más preocupados por las inquisiciones de la Congregación para la doctrina de la fe, que por responder ante "los signos de los tiempos", je jé jé. No conozco en la Ponti, a ninguno con un par bien puesto, como Jon Sobrino el de la Teología de la Liberación, que se atreve a plantar cara al capitalismo. En la Ponti son unos cagaos, no se treven a ir más allá de la "responsabilidad social corporativa", pasando por los "fondos éticos" y otras medidas ya muy vistas y de probada inoperancia para prevenir la pobreza. Si se atrevieran a hablar de renta básica peligraría, seguramente, la financiación de la universidad. Si hablaran bien de eso en la Ponti: ¡Adiós mecenas! (quizás empezando por la banca March, o el Banco Popular...)
La renta básica no es una cuestión territorial, sino de ciudadanía. Lo importante son las ideas no las titulaciones. Dejémosnos de teologías y hagamos economías. Vayamos al grano. La renta básica será la salida del túnel. Felicidades a José Iglesias por su último trabajo. Y Vd., Sr. Horac... lea lo que escribió éste autor sobre la renta básica y san Pablo. José Antonio.
Bien, hablemos de economía. Tambien se habla de economía desde una rama de la teología, la "teología Moral social"... Es famosa la "Escuela de Salamanca del S XVI"... Lástima que ahora no haya teólogos de la talla de un Domingo de Soto, que entendían perfectamente de qué iba la economía de su época. Por aquél tiempo se hizo famoso el aserto de que "No se debe dar como caridad lo que se debe dar por justicia"...,
Y respecto de la renta básica y San Pablo, les diré que la interpretación de los escritos paulinos de don José Iglesias se basa en posiciones teológicas algo carcas, en buena medida superadas por la teología moderna. Lógicamente, sería anacrónico pensar que San Pablo fuese amigo de la renta básica, o enemigo...que para el caso es lo mismo. En su contexto social no se plantea. San Pablo está en otra onda y lo que hace es valorar el trabajo y reivindicar su dignidad(no la explotación). Por entonces el trabajo era cosa de esclavos. Si quieren una interpretación moderna de san Pablo, que aplica los métodos de la moderna exégesis bíblica,lean a Senén Vidal García (varios títulos, entre los más recientes: Pablo de Tarso...). El tal Senén es el mejor especialista que hay en españa sobre la materia, y quizás en Europa... No se me había ocurrido someter a su juicio el artículo de don José Iglesias. En cuanto localice su emeil se lo remitiré... a ver qué dice, pues por casualidad nos conocemos desde hace años (nació en un pueblo vecino al mío...) Muchas gracias.
Que desafortunado articulo para explicar que son las balanzas fiscales...
Simplemente voy a responder a la pregunta que genera el articulo:
¿un ciudadano, con una renta determinada, paga los mismos impuestos, es decir, soporta la misma presión fiscal y recibe los mismos servicios públicos independientemente de dónde resida?
Pues evidentemente no y pongo un ejemplo: El Pais Valenciano es uno de los que más aporta a la solidaridad con el resto del estado, pero en Valencia hay un ordenador por cada 14 alumnos, mientras que en Extremadura hay un ordenador por cada 2,6 alumnos.
Contradicción? No señores, dèficit fiscal de 5.500 millones de euros anuales. Dejando a parte la mala gestión de los recursos del PP que govierna este País.
Es una trampa comparar a las personas con un colectivo. Veraneo en Salamanca, Béjar, pero trabajo en Zamurrio, cerca de Bilbao y no sólo la fiscalidad es diferente, sino el gasto público. Y la diferencia de precios es abismal. Pero eso ¿qué tiene que ver con la renta básica? Si como proponen ustedes el impuesto ha de ser sobre el IVA el tema se solucionará. Y quedará un margen para una fiscalidad autónómica o municipal. La patria de la economía es el euro. Lo demás florituras y da lo mismo la independencia de A o de B, ya lo que sea llega tarde. Para mí mi patria soy yo. Y respeto a todas las demás. Gracias de Agustín Ramos.
Estimado NCR:
Gracias por tu opinión, ciertamente el articulo ha sido un poco desafortunado puesto que no me he expresado correctamente y ha provocado un aumento de la participación, que se agradece.
Quizás no debería de haber acuñado el termino de Renta Básica a la libertad presupuestaria, pero entiendo que los políticos como bien dices, tiene que tener libertad para realizar su programa, a la vez que deben de tener unos limites de gasto. De lo contrario están hipotecando su futuro y luego sucede que cuando se cambia de gestor este se encuentra con las manos atadas debido al excesivo endeudamiento. Lo que pretendía decir es que al igual que se reclama una Renta Básica para los ciudadanos. El gasto de los poderes públicos debería de estar limitado a los servicios que prestan y a un limite de gasto por legislatura.
En que se gasta ese dinero, para eso se quiere la autonomía, habrá comunidades que se lo gasten en ordenadores y formación y otras en urbanizaciones y alumbrado. En eso consiste la libertad, no olvidemos que son los ciudadanos los que eligen a los políticos. Pero los ciudadanos no pueden elegir adecuadamente si no saben como sus gestores hacen su trabajo y en que gastan el dinero. Lo que si es cierto que como primera medida siempre se suben ellos el sueldo.
Y hoy por hoy es una asignatura pendiente en este país, puesto que los tribunales de cuentas fiscalizan muchos años por detrás cuando apenas se pueden pedir responsabilidades y de hecho casi nunca se piden responsabilidades de los gastos realizados.
El endeudamiento es de todas las comunidades porque no se han baremado correctamente los servicios para todas y eso es lo principal ante una negociación. Sin un baremo adecuado por servicio no se puede saber quien es buen gestor. El que sea buen gestor podrá aprovechar los excedentes para ofrecer mejores servicios.
El problema de fondo es que los políticos no quieren subir los impuestos porque estos son impopulares y no se pueden financiar proyectos sin dinero. En su día se pretendió que las comunidades asumieran esa responsabilidad y legislaran y pusieran tasas como el céntimo sanitario. No todas lo han puesto pero esto rompe la hegemonía fiscal y hace que se incumpla la constitución. Por ello yo personalmente entiendo que el nivel impositivo y la presión fiscal la debe de determinar el gobierno de la nación para el conjunto del estado. Y esto a las comunidades les viene muy bien porque ellos solo tienen que gastar y echarle la culpa al gobierno central que no tienen dinero suficiente y no hay nada mejor que sacar las comparativas que más te interesan para pedir más. Además cuando te comparas con otro siempre te parece que el jardín del vecino es más verde, pero si te acercas y miras te darás cuenta que es muy parecido al tuyo.
Jose Miguel
Estimado Agustin Ramos:
Coincido contigo en tus afirmaciones. Es cierto que nuestra propuesta se basa en el IVA y como nos encontramos en Europa al final no habrá diferencia y quedara un margen para esa fiscalidad autonómica y municipal. Pero hasta llegar ahí la Renta Básica en si será un proceso largo y para llegar a ella tenemos que transformar el presente y transformar el presente significa sentar las bases de esa fiscalidad autonómica y municipal y procurar que todas las decisiones económicas que se tomen no compliquen más el proceso sino que lo hagan más sencillo. De ahí el articulo expuesto. Desde Madrid se intenta que sean las comunidades las que asuman los costes políticos y que sean los políticos autonómicos los que tomen las decisiones impopulares de aumentar los impuestos pero esto rompe la hegemonía fiscal del estado y hace más difícil la implantación de la RB al aumentar el numero de tributos y excepciones.
Un saludo
Jose Miguel
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