Ricos, grandes empresas y multinacionales ganan

Nuestros compañeros de ATTAC, han hecho público, un comunicado referente a la nueva reforma fiscal, recientemente aprobada por el Gobierno de Zapatero.

Nos hacemos eco, de parte de sus demandas, sobre todo, en referencia a ese 23% del PIB, que se escapa al fisco y que supone mucho más de la pequeña rebaja que se hace a los ciudadanos en el IRPF. Esto nos daría margen para la creación de la Renta básica y el desarrollo de el estado de bienestar.

Poco hacen todos los gobiernos por que aflore toda la economía sumergida de nuestro país, que se encuentra en la bolsa y en la vivienda, dos de los tres motores de la economía en plena burbuja. El tercer motor es el consumo, que con el aumento de las hipotecas y el IPC, pronto no carburara adecuadamente y que es necesario gravar para crear un sistema económico sostenible.





La reforma fiscal de Zapatero
Ricos, grandes empresas y multinacionales ganan, la ciudadanía pierde

ATTAC-España

El Congreso aprueba la “Ley del impuesto de la renta sobre las personas físicas y de modificación parcial de las leyes sobre los impuestos de sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio” y la “Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal”

El Congreso de los Diputados aprobó el 2 de Noviembre de 2006 dos leyes de suma importancia para la ciudadanía española, dos leyes que son claves en la presente legislatura y que regulan, una el régimen fiscal y la otra los mecanismos de prevención del fraude fiscal.

La ley que orienta la reforma fiscal pretende incentivar el crecimiento reduciendo la presión fiscal muy especialmente sobre las capas altas, esto supone reducir los impuestos a las rentas del capital en detrimento de las del trabajo.

a) Consolida la aplicación de un tipo único de un 18% para las rentas del capital, que en general es significativamente inferior a la media de las rentas del trabajo. A las rentas del trabajo se les seguirá aplicando una escala progresiva, lo que no se hará con las del capital.

b) Reduce el impuesto de sociedades del 35% al 30% para las grandes empresas y a un 25 para las medianas y pequeñas.

c) Reduce el tipo máximo del IRPF del 45% al 43% y de 5 a 4 los tramos impositivos.

Esta ley disminuye la equidad y la progresividad del sistema fiscal (que pague más quien más tenga) y refuerza las reformas de gobiernos anteriores, cargando más la presión fiscal sobre los trabajadores asalariados y autónomos y los pequeños empresarios. Reducirá en 6000 millones de euros anuales la capacidad recaudatoria del Estado, significará necesariamente un aumento de los impuestos al consumo y mermará los recursos necesarios para financiar los servicios sociales en España y en general las políticas públicas de bienestar.

Hay que decir que la presión fiscal en España está 5 puntos por debajo de la media europea y que también el presupuesto de servicios sociales en España está 6 puntos porcentuales por debajo de la media europea, en relación al PIB (producto interior bruto). Aun así todo augura que los efectos de la ley obligarán a corto plazo a reducir el gasto público del que se benefician una mayoría de ciudadanos.

En lo referente a la Ley de Prevención del Fraude Fiscal hemos de decir que Attac la valora positivamente como un intento de perseguirlo en España, que según estimaciones solventes, supone alrededor del 23% del PIB de nuestro país. Pero quiere señalar, con toda firmeza, que de la actitud de la Agencia Tributaria y del propio Ministerio de Economía y Hacienda, no se desprende una voluntad clara de acabar con él, con la evasión de capitales y con la economía sumergida. La insuficiente dotación de medios técnicos – humanos y materiales- de que los servicios de Inspección adolecen, tanto hoy como previsiblemente en el futuro próximo - a juzgar por lo que al respecto reflejan losPresupuestos Generales para 2007- nos hace albergar escasas esperanzas respecto a la erradicación progresiva de tan elevado volumen de fraude sea una realidad”.

Así que no es de extrañar que la mitad aproximadamente de los billetes de 500 € circulen en España, o que la economía sumergida en España signifique más del 23% del PIB, o que prácticamente todas las inmobiliarias acepten sin problemas el dinero negro, o que las grandes empresas no puedan ser investigadas por falta de medios humanos de inspección, o bien que, a estas horas, todavía el Ministerio de Economía y Hacienda no haya hecho una apreciación del monto del fraude fiscal en nuestro país.

Pero no solo investigar el fraude en estas condiciones es imposible, también resulta un “brindis al sol” la normativa que trata de regular las medidas de prevención del blanqueo de capitales (Ley del 2003 y Reglamento de 2005) En ese sentido el Servicio para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), órgano ejecutivo de la Comisión de Blanqueo, compuesta por representantes de varios ministerios y que depende presupuestariamente del Banco de España, sólo investigó a 14 entidades financieras de las 6.500 censadas en España (según valoración del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional). O bien, también valora el GAFI que no hay una mínima supervisión de las actividades que desarrollan los despachos de abogados, notarías, inmobiliarias, registradores, asesores, joyeros y casinos, hasta hace poco se dedicaban para todos ellos sólo dos inspectores para toda España, ahora ha aumentado a cuatro. El número de comunicaciones sobre operaciones sospechosas entre los años 2001 y 2004 se redujo a la ridícula cifra de 18.

Y son estas profesiones de mucho riesgo y de obligada inspección, ya que sobretodo en el caso de notarías e inmobiliarias son sectores sensibles a operaciones relacionadas con clientes residentes en Paraísos Fiscales. Y es en este sentido que ATTAC pidió al Gobierno Español en 2005 y como medida necesaria para combatir la evasión, el blanqueo de dinero y el fraude fiscal, que formule leyes que impidan que sean reconocidas por el ordenamiento jurídico español las sociedades mercantiles y entidades financieras registradas en estos Paraísos Fiscales, eso sí sin respuesta alguna del Ejecutivo.

EN CONCLUSIÓN:

Attac quiere informar a la ciudadanía que:La ley que despliega la reforma fiscal es una ley regresiva que significará una sociedad más desigual, con menos servicios públicos y menos cohesionada. Que la apuesta normativa del Gobierno para prevenir el Fraude Fiscal no será efectiva si no existe una mayor voluntad política que se traduzca en promover medios humanos para la supervisión fiscal de las grandes empresas, que son las que menos se inspeccionan, así como de despachos de abogados, notarías, registradores de la propiedad, etc… Tampoco será efectivo mientras el Gobierno no ponga medios para controlar la evasión y el fraude fiscal vía Paraísos Fiscales identificados en la OCDE.En general se confirma que son los ciudadanos de a pie los que pagan el grueso de los impuestos.

ATTAC-España - 8 de noviembre de 2006

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